28/02/2017
ElEstimulo.com
Si de algo estaba convencido el presidente Nicolás Maduro, apenas entró el año 2017, es que la decisión de modificar el gabinete traería consecuencias.
Han sido dos meses de maniobrar en dos direcciones: disminuir el poder militar en su Gobierno y enfrentar a la poderosa ala militar que encabeza Diosdado Cabello. Su estrategia iba viento en popa hasta que en los Estados Unidos decidieron tomar medidas contra el vicepresidente Ejecutivo Taerck El Aissami. Ahí se rompió el libreto y ambos grupos se unen en defensa de la revolución.
El Gobierno Nacional creó, con mucho ruido, el Comando Antigolpe, con el cual se preparaban a neutralizar los movimientos conspirativos al interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), más aún cuando habrían detectado que el general en Jefe (Ej) Raúl Isaías Baduel, conquistaba la simpatía de oficiales superiores y subalternos, ante el derrumbe de la imagen del también general en Jefe, Ministro de la Defensa y Jefe de Comando Estratégico Operacional (Ceofanb) Vladimir Padrino López.
El diputado Diosdado Cabello hablaba de una llamada “Operación Alcatraz”, de la que nunca se dio una explicación convincente y el diputado aseguró que se preparaba el rescate del dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López.
No es nada casual que el 12 de enero 2017, el Tribunal Militar 2do. Accidental, decidiera en horas de la madrugada, sentenciar, luego de dos años, al segundo grupo de oficiales y civiles del llamado Golpe Azul, como un mensaje contundente a quienes estuvieran conspirando. A ellos los condenaron por los delitos de rebelión y contra el decoro militar.
Ese día condenaron a los civiles Pedro Rafael Maury Bolívar (taxista), Jesús Henrique Salazar Mendoza (carpintero) y Luis Rafael Colmenares Pacheco (TSU en Ciencias Fiscales), así como a los militares: 1Tn Henry Javier Salazar Moncada, 1Tn Carlos José Esqueda Martínez, Tn. Petter Alexander Moreno Guevara, 1Tn Ricardo José Antich Zapata y 1Tn Luis Hernando Lugo Calderón.
Allanamiento y detención
Los cuerpos de inteligencia, por su parte, se referían al movimiento que estaría liderizando Baduel, razón por la cual usando el argumento de que el otrora titular castrense estaba incumpliendo las condiciones de su libertad condicional, por no estar en su vivienda a las 9 de la noche, lo regresaron a la celda de la cárcel militar de Ramo Verde. Era evidente que Diosdado informaba una cosa y el alto gobierno, otra.
De inmediato surgen acciones rápidas tratando de frenar un zarpazo contra el Gobierno con ayuda militar. Detienen, el 11 de enero 2017, al diputado Gilbert Caro, lo señalan de acciones portar armas, de reunirse en Colombia y de preparar una salida violenta del presidente Maduro del poder.
El ministro de Interior y Justicia, Mayor General (GNB) Néstor Reverol, quien integran el comando Antigolpe, informó al país que el concejal del municipio Maracay del Zulia, Jorge Luis González, de Primero Justicia y el general Raúl Isaías Baduel, estaban incursos en planes desestabilizadores.
Ordenan el allanamiento de viviendas de civiles y militares cercanos al general Baduel o que hubiesen sido partícipes o sospechosos en el juicio del llamado Golpe Azul. Tras la ola de allanamientos vinieron las detenciones.
Entre las medidas que tomaron, fue la requisa simultánea, a altas horas de la noche, y por parte de funcionarios, oficiales de alto rango, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), de las celdas de oficiales “sospechosos”.
Así llegan a La Pica en Maturín, y se concentran en el coronel Delgado, teniente coronel Ruperto Sánchez, mayor Víctor Ascanio y los capitanes Thonson y Neri Córdoba. En Ramo Verde se le dedicaron al anexo A. Y en el Centro Penitenciario de Occidente se le afincaron a la celda Nº 14, la del general de la Aviación Oswaldo Hernández Sánchez, a quien el Tribunal Militar condenó como líder del Golpe Azul. A los militares les incautaron equipos electrónicos, teléfonos celulares, iPads, tablets, computadoras, etc.
No se tardó en saber que el general retirado de la Guardia Nacional Ramón Antonio Lozada Saavedra había sido detenido. Hace unos años a este oficial lo secuestraron de manera extraña, cuando lo abordaron en una autopista de Caracas y estuvo desparecido por mucho tiempo; él contó en círculos familiares y de amistad, que quienes lo secuestraron lo habían golpeado brutalmente y luego lo entregaron a un grupo irregular en la zona fronteriza de Apure, que allí era diariamente amenazado pero no le causaron ningún daño físico. Cuando sus heridas se habían curado y los moretones habían desaparecido, un día cualquiera lo dejaron en libertad.
El general Lozada Saavedra declaró hace unas semanas en la Dirección de Inteligencia Militar, fue llevado a juicio (expediente CJPM-TM1C-002-17), mientras el gobierno hizo mutis. No hubo rueda de prensa, no hubo declaraciones, nada dijo el presidente de la República. En medio de ese silencio oficial el Tribunal Militar Primero de Control de Caracas, que está a cargo de la mayor Claudia Carolina Pérez, lo procesa por traición a la patria e instigación a la rebelión, lo que también le fue imputado al SM2 Noel Ricardo Romero Lugo, quien fuera detenido el 21 de enero 2017, luego de haber visitado al general Baduel y llegara a la casa del ex ministro preso con su esposa y su hija, Cruz de Baduel y Rayrin Baduel.
Los fiscales militares Yusnagry Pérez y Jean Carlos Latozefsky también imputaron a los militares activos del Ejército con rango de sargentos: Feidy Rafael Montero, Jairon Ely Villegas Moreno, Javier Rafael Peña, Juan Francisco Díaz Castillo, Rubén Augusto Bermúdez Oviedo y Yecson Enrique Lozada Matute.
Otro que aparece en el proceso judicial es el Teniente Coronel Carlos Enrique Viana Sosa.
Sin nombre
Entre los argumentos manejados por la fiscalía militar está que dichos militares se reunieron el 26 de diciembre del 2016, en las inmediaciones de la Policía de Aragua en Maracay. Los asistentes a la supuesta reunión habrían hablado de tomar por asalto la Compañía de Francotiradores “Cap. Fernando Crespo” y apropiarse de medio centenar de fusiles con sus cargadores y 20 pistolas 9MM y municiones.
La intención –según la fiscalía militar- era una operación para derrocar al gobierno y brindarle protección al general Baduel en una fantástica operación militar.
En las imputaciones se maneja la versión de que este nuevo movimiento, que no ha sido identificado con ningún nombre en particular, tiene ramificaciones en otros estados fuera de Aragua, incluyendo la capital de la República. Eso indica que vendrán nuevas detenciones y allanamientos.
Parte de ello es la aprehensión de Santiago José Guevara García, un respetado profesor jubilado de la Universidad de Carabobo, con estudios de ampliación en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en el CLAD, con especialidad en el Instituto de Administración Pública de París y doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París. No es el primer civil detenido en el marco de las acciones antigolpe, pero sí el que ha causado mayor ruido por su prestigio y reconocimiento en círculos universitarios e intelectuales.
Antecedentes
Toda la historia del Golpe empieza el 5 de mayo 2015, en horas de la noche, en la sede de la Corte Marcial de Caracas en Fuerte Tiuna, cuando se supo que tres de los militares imputados por el Golpe Azul hicieron un acuerdo con la Fiscalía y por delatar a sus compañeros quedaron en libertad y permanecen en la FANB. Ellos aseguran haber estado en una reunión en Maracay donde se estaba planificando un golpe de Estado contra Nicolás Maduro.
A diferencia de lo que sucedió con el segundo grupo condenado y con los sometidos en estos momentos a juicio militar, por su supuesta planificación de una insurrección, estos militares fueron enviados a cárceles comunes con anexos militares.
El nombre del general Oswaldo Hernández Sánchez, supuesto líder del Golpe Azul, y quien permanece detenido en la cárcel de Santa Ana, reaparece nuevamente. Hace dos años uno de los argumentos en su contra fueron las declaraciones de una capitana asimilada. En esa oportunidad también condenaron a los mayores César Orta Santamaria y Víctor Ascanio Castillo, a los capitanes Andrés Thomson Martínez y Neri Córdoba Moreno, así como al Tcnel(r) Ruperto Sánchez Casares y el Cnel (r) Delgado Vásquez.
Similitudes
Hay varios hechos que coinciden en los señalamientos entre el Golpe Azul y el de ahora sin nombre:
- Se habría planificado liberar al general Baduel.
- En el grupo sólo aparece un general.
- Son comandados por un general de brigada.
- Los participantes asistieron a una reunión en Maracay.
- En ambos casos aparece un delator.
- Participan oficiales activos y retirados.
- En uno robarían un helicóptero y en el otro fusiles.
- Civiles y militares son juzgados en tribunales militares
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